"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Actualidad
Jornada ‘Los derechos humanos de las niñas y niños con discapacidad – 30 años de la promulgación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño’
La infancia con discapacidad clama contra la discriminación y exige participación: “Queremos decidir lo que queremos hacer”
30/01/2020
Un grupo de seis niñas y niños con diferentes discapacidades expresó este jueves la necesidad de acabar con las diferentes situaciones de discriminación que siguen sufriendo y la importancia de reforzar su participación en primera persona sobre las cuestiones que les afectan: “Queremos decidir lo que queremos hacer”, “no somos juguetes” y “queremos aportar ideas a las leyes”, fueron algunas de las afirmaciones manifestadas.
Este debate se desarrolló en el marco de la jornada ‘Los derechos humanos de las niñas y niños con discapacidad – 30 años de la promulgación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño’, organizada por el CERMI Estatal, con el apoyo del Ministerio de Derechos sociales y Agenda 2030, a través de los programas del IRPF, y celebrada en la sede de Fundación ONCE.
Los participantes explicaron algunas de las situaciones discriminatorias a las que se enfrentan por razón de su discapacidad: “He tenido casos de bullying verbal. Me han llegado a decir cosas peyorativas” y “no han querido jugar conmigo por mi discapacidad”; “el médico, a veces, habla y no lo entiendo porque no hay intérprete de lengua de signos. Entonces, me dice que me da un papel y, a mí, eso no me gusta”, y “cuando quieras preguntarme algo, pregúntamelo a mí directamente”.
Además, también aprovecharon para agradecer el esfuerzo diario de sus familiares y amigos para cumplir con sus necesidades, al igual que demandar a las instituciones que “tienen los mismos derechos que el resto de niños y niñas sin discapacidad” y que “se pueden hacer las cosas diferentes y mejor”. Garantizar los apoyos necesarios para estudiar en igualdad de condiciones y avanzar en accesibilidad (física, cognitiva y sensorial) para su plena participación en comunidad fueron algunas de las peticiones que el grupo detalló.
Por su parte, el delegado del CERMI mostró el compromiso del CERMI de seguir reforzando la participación de la infancia con discapacidad en primera persona: “Las nuevas generaciones vienen con fuerza. Tenemos que celebrar en el movimiento asociativo su participación pues, que hoy estén aquí, es muy positivo. Seguiremos contando con vosotros para que nos ayudéis a hacer las cosas mejor”.
En esta línea, subrayó la importancia del artículo 21 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, relativo a la garantía de la libertad de expresión, “para lo que se os tienen que dar todos los apoyos y herramientas”. Martín Blanco también resaltó la relevancia de la Convención de los Derechos del Niño y animó a los intervinientes a denunciar todas las situaciones discriminatorias a las que sean sometidos.
HACERSE OÍR
Ángeles Blanco indicó que, para que una persona con parálisis cerebral pueda participar activamente en la sociedad, desde edades tempranas “se necesitan recursos tecnológicos y humanos suficientes”, por lo que planteó reforzar la apuesta por la asistencia personal.
Inés de Araoz pidió buscar la “participación real” de la infancia con discapacidad y huir de la “falsa participación”, ya que “es un derecho que tiene la ciudadanía”. Según expuso, “en general, los niños y niñas tienen una barrera por el mero hecho de serlo y, a esto, le añadimos el estigma de tener una discapacidad intelectual”, por lo que se da una mayor discriminación. “No solo deben participar, sino que tienen que liderar”, abundó.
Mientras, Marta Muñoz reclamó recursos suficientes para el profesorado para que se pueda brindar la atención necesaria a las personas sordas, al tiempo que instó a que se garantice en todos los ámbitos de la vida que quienes lo necesiten puedan contar con intérprete de lengua de signos.
Raquel Valle explicó que el trastorno del espectro autista (TEA) supone un factor de discriminación añadido al hecho de ser menor y de tener una discapacidad. Así, planteó que necesitan apoyos, dado que “encuentran barreras en materia de comprensión y expresión”. A su juicio, “hay que pasar de la parte teórica a la práctica y dar información y herramientas para participar”.
PAPEL DE LAS FAMILIAS
Por otro lado, Imelda Fernández (ONCE), Natalia Beraza (Fiapas), Agustín Matía (Down España) y Daniel Aníbal García (Cocemfe) debatieron sobre el papel de las familias en la promoción de los derechos de las niñas con discapacidad.
Imelda Fernández valoró positivamente el cambio que se está realizando desde el “modelo médico-rehabilitador hacia la inclusión de las familias”, ya que es un factor que “puede hacer que sus hijos promocionen, que tengan sus derechos, que se hagan oír, y, además, desarrollan sus competencias emocionales”. Destacó también que muchas veces las organizaciones prestan servicios que en principio son responsabilidad del Estado.
Natalia Beraza criticó que se tenga que seguir reivindicando el papel que tienen las familias y “que no sean conculcados los derechos de sus hijos e hijas con sordera, porque ante todo son niños como los demás” y su discapacidad “no tiene que condicionar toda su vida”. Asimismo, pidió que las organizaciones no solo sean vistas como “prestadoras de servicios”, sino como espacios de reivindicación social o para compartir.
Por su parte, Agustín Matía resaltó el peso de las familias en las organizaciones de la discapacidad. “Sin su participación no hubiéramos conseguido lo que hemos conseguido, las familias son las que nos han construido”, recordó Matía, quien ensalzó el modo en que ha ido evolucionando la implicación de las familias. Aprovechó su intervención para destacar la necesidad de alejarse todo lo posible de la “sobreprotección” con los menores con discapacidad y apostar cada vez más por su participación.
Daniel Aníbal García aseguró que se debe siempre buscar el bien del menor. “Los derechos son de los niños, y el interés superior y por tanto lo que debe primar, es el del menor”, que es “sujeto de pleno derecho”. En este sentido, avisó de que “todavía falta mucho por hacer” porque se trata de “cambiar la forma de pensar y de ver la discapacidad”.
